En Quantium Desarrollos entendemos que, cuando un desarrollo ajusta su calendario, surgen dudas legítimas. Sin embargo, en el contexto actual de la zona metropolitana de Monterrey, es clave diferenciar dos escenarios que no son lo mismo: un retraso regulatorio (licencias detenidas, trámites municipales, factibilidad de servicios) y un quebranto financiero o proyecto abandonado.
Hoy, el mercado de vivienda vertical en Monterrey y su área metropolitana enfrenta un cuello de botella que ya impacta tiempos de obra, fechas de entrega y dinámica de ventas. Diversos reportes del sector han señalado que la complejidad de permisos se ha incrementado, sobre todo por la incorporación de requisitos vinculados a factibilidad de agua y drenaje, además de gestiones estatales y municipales.
En los últimos años, el proceso para arrancar o continuar un proyecto vertical se volvió más técnico y más secuencial. En términos simples, hoy se pide resolver más “candados” antes de llegar a la licencia de construcción o al avance pleno de obra.
En septiembre de 2025, se reportó que las ventas de vivienda vertical en Monterrey y su área metropolitana cayeron 20% en el periodo enero–septiembre, y se atribuyó parte de esa baja a complicaciones en trámites de permisos.
A esto se suma un ajuste estructural del mercado. Datos citados por consultoría del sector muestran una caída de 40% en venta de departamentos entre 2022 y 2024, ligada a frenos regulatorios que afectan la densificación y la oferta disponible.
En resumen: el retraso no necesariamente responde a falta de voluntad de construir, sino a un entorno donde la autorización y la factibilidad de servicios se han vuelto determinantes para avanzar.

En Quantium Desarrollos lo decimos con claridad: un retraso regulatorio es un escenario distinto a un proyecto abandonado. Mezclar ambos conceptos solo genera desinformación y, en el peor de los casos, castiga a compradores, inversionistas y a un sector que necesita transparencia.
Un retraso regulatorio ocurre cuando un proyecto enfrenta demoras por causas como:
Este tipo de retraso suele implicar reprogramación, no desaparición. Puede haber obra en marcha por etapas, actividades de preparación del sitio, ingeniería y, en algunos casos, pausas puntuales mientras se completa el expediente regulatorio.
Un quebranto o proyecto abandonado, en cambio, suele mostrar señales muy distintas:
Por eso, cuando un desarrollo se ajusta por permisos, no significa que esté abandonado. Significa que el proyecto está respondiendo a un marco regulatorio que cambió y que hoy exige pasos adicionales.
El mercado inmobiliario no puede ignorar el factor infraestructura. Cuando una ciudad crece, la capacidad de servicios y la planeación urbana influyen directamente en la viabilidad de cada proyecto.
En 2025, al describirse el entorno de permisos, se señaló que antes la ruta no contemplaba el mismo peso de Agua y Drenaje dentro del proceso, y que hoy la factibilidad “limita” proyectos y agrega complejidad legal a nivel estatal y municipal.
Esto explica por qué algunos proyectos, aún con terreno y planeación, deben modificar fechas: el orden de autorizaciones se volvió más estricto, y la revisión técnica se volvió más determinante.
La certeza jurídica no se trata de promesas; se trata de reglas claras, documentación verificable y procesos consistentes. Por eso, incluso desde el gremio de profesionales inmobiliarios, se ha insistido en fortalecer marcos normativos para proteger al comprador, evitar fraudes y ordenar la preventa sin frenar la actividad económica legítima.
Se ha señalado también que, cuando no hay regulación específica, algunos proyectos pueden comercializar sin permisos municipales o sin factibilidad de servicios básicos, lo que abre la puerta a riesgos reales para las familias.
En ese escenario, el reto es doble: acelerar procesos regulatorios sin bajar estándares, y elevar las prácticas de transparencia del sector.
En Quantium Desarrollos sostenemos que el camino correcto es empujar reglas claras. Por eso, nuestro fundador, Pedro Dávila, ha participado y promovido una reforma integral conocida como Ley de Preventas Inmobiliarias, con un enfoque de certeza jurídica y corresponsabilidad entre actores.
La lógica es simple: la preventa no depende solo del desarrollador. Involucra notarios, autoridades, bancos, compradores e intermediarios. Por eso, se ha planteado un marco que ordene la comercialización, eleve obligaciones de información y reduzca espacios grises que dañan al consumidor y al sector completo.
En ese contexto, se ha documentado la participación de Pedro Dávila como ponente en mesas de trabajo del ecosistema jurídico, enfocadas en la regularización de preventas inmobiliarias.
Además, ya existe una reforma publicada en Nuevo León en materia de preventas: se indicó que el decreto entrará en vigor el 17 de marzo de 2026, y que introduce puntos como la obligación de contar con licencia de construcción vigente para realizar preventa, así como nuevas reglas sobre ofertas, anticipos y obligaciones de información.
Si estás evaluando un proyecto, estas preguntas ayudan a separar un retraso regulatorio de un foco rojo:
La diferencia entre confianza y duda casi siempre está en lo mismo: transparencia y verificabilidad.
En Quantium Desarrollos creemos que el mercado de Monterrey necesita menos ruido y más certeza jurídica. Sí, hay retrasos por tramitología, por factibilidad y por procesos municipales que hoy toman más tiempo. Pero eso no equivale, por definición, a un quebranto ni a un proyecto abandonado.
Nuestro compromiso es seguir impulsando la claridad, y por eso Pedro Dávila ha insistido en que la regulación de preventas debe fortalecer al consumidor sin frenar el desarrollo urbano legítimo. Cuando hay reglas claras, todos ganan: compradores, inversionistas, profesionales inmobiliarios y la ciudad.